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15.08.18.

Impuestos al consumo

La obesidad es un problema grave de salud pública. Los números asustan a cualquiera; es una enfermedad que desemboca en una serie de complicaciones que cuestan a la salud no sólo individual, sino social.

Este problema ha sido minimizado a un proceso de comportamiento sin entender el contexto en el que ocurre. Resulta fascinante el apoyo a cargar impuestos directamente para minimizar el consumo de determinados productos. El principal problema, al ser soluciones incompletas, es que al final, más allá de resolver el problema de salud pública, todo se convierte en transferencias de recursos de unos grupos a otros.

Los impuestos al consumo están directamente vinculados con mediar un proceso económico específico. En el caso del impuesto a las bebidas azucaradas en México, éste logró para su segundo año de implementación reducir el consumo en 9.7%. Es decir, sí hay una reducción importante en su consumo. No cabe duda que las bebidas azucaradas tienen un juego en las llamadas calorías vacías en la dieta mexicana, pero culpar a estas bebidas del problema de salud pública que nos atañe es una tomadura de pelo.

Existen tres aristas importantes por considerar:
1. Qué hacer con los recursos de los impuestos a bebidas azucaradas.
2. Qué pasa con el resto de la comida chatarra.
3. Cómo hacer cambios profundos de comportamiento alimenticio.

En el caso de los recursos recaudados por el impuesto a la obesidad, hay que ver qué se ha hecho con éstos. No sólo se trata de engrosar al erario, sino de lograr que los recursos recaudados por este proceso sean directamente enfocados en resolver el problema original. El problema de la obesidad es sencillo: uno consume calorías diariamente con las actividades que realiza y se alimenta para poder realizarlas, aunque si uno tiene una diferencia calórica positiva entre lo que entra y lo que sale por consumo calórico, entonces se acumula. Claramente hay una serie de factores sociales y culturales que nos llevan a ligar los procesos de alimentación con hábitos y celebraciones, más allá de alimentar al cuerpo para que funcione óptimamente.

No se trata de menospreciar las celebraciones, festejos y riqueza culinaria mexicana, sino mostrar el consumo responsable y óptimo para sustentar la mejor calidad de vida. En este sentido, ningún alimento es en sí malo; más bien, su consumo fuera del paradigma de la diferencia calórica resulta peligroso. De tal manera que los impuestos que se reciben debieran de pasar a manos de un fideicomiso directamente involucrado en modificar y educar a la sociedad; en especial, a las generaciones más jóvenes y educarlas sobre cómo alimentarse para extender su longevidad y calidad de vida.

Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de la comida chatarra? Si bien ahora el blanco son las bebidas azucaradas, ¿qué pasa con el resto de los alimentos que no son necesariamente calorías que hacen que el cuerpo funcione óptimamente? Es un examen de conciencia importante, porque culturalmente existen múltiples patrones de comprotamiento que favorecen el consumo de alimentos que no son óptimos. ¿Pero por qué desincentivar sólo refrescos y no al resto? ¿Qué tiene la industria refresquera que el resto no? O mejor dicho, quizá, ¿qué logró el resto para mantenerse al margen de esta batalla? Éstas son preguntas que no debemos perder de vista.

Finalmente, ¿cómo lograr cambios de comportamiento duraderos? Mejor aún, ¿para qué los queremos? Considero que tener un México menos obeso, y sobre todo más longevo y con mayor calidad de vida, es algo deseable. Todos queremos disfrutar más de nuestros familiares y amigos. Si el país también ahorra en el costo de salud nacional podremos tener recursos para otros usos. No nos equivoquemos: los grandes ingresos refresqueros y de industrias de comida chatarra se logran a través de fomentar el consumo irresponsable de sus productos. Por tanto, resulta importante cuestionar cómo estos negocios son nocivos para la sociedad. Es decir, si sumamos todo lo que económicamente producen en ingreso para el país en términos de valor agregado y lo comparamos con lo que cuesta a la salud sobre todas las complicaciones que tienen costo al erario, aunque no tengo el dato preciso, estoy convencido de que el balance es negativo.

Si estos productos, y por ende estos procesos económicos, tienen un saldo negativo a la sociedad, ¿por qué no restringirlos? Creo que al final éste es el espíritu del impuesto: dar una señal de que no vamos a dejarnos transgredir por estos negocios. Dicho sea de paso, ahora, con el nuevo gobierno de AMLO, la salud social será universal, cosa que directamente hará evidentes los costos de salud que ciertas industrias infringen en la sociedad. No hay que tener duda: sí hay manera de calcular y tener claridad de que hay negocios nocivos y negativos para la sociedad.

Pero, en realidad, ¿qué estamos haciendo para cambiar estos procesos sociales? El impuesto es un buen comienzo, una medida paleativa, y que con el tiempo dejará de tener impacto, a menos que se aumente, por lo que resulta importante educar a la población para que pueda decidir responsablemente. En otras palabras, trasladar la culpa de las grandes corporaciones refresqueras a las personas y sus propias decisiones de consumo. Aunado a lo anterior como sociedad y, en especial, el Estado tiene la responabilidad de velar por el bien común. En ese sentido, yo abogo por la eliminación de publicidad de cualquier alimento chatarra.

La eliminación de la publicidad resulta prioritario porque los jóvenes y en especial los niños no cuentan con las herramientas racionales para decidir apropiadamente. Recordemos que la publicidad juega con una serie de deseos y sentimientos con el fin de lograr que alguien consuma lo que “no necesita”. Esta medida es controversial aún mas, porque la industria cabildeará como nunca para protegerse de ella: desde los medios hasta la industria de los alimentos. Pero resulta prioritario empujar una reforma o decreto para lograr este cambio.

Al final de cuentas, México necesita hacerse responsable de sus decisiones. Necesitamos tomar decisiones contundentes, dar herramientas para decidir mejor y mientras tanto no hacer las decisiones más difíciles con publicidad dirigida. Tener claridad en lo que se necesita hacer es prioritario y el diálogo con la industria debe ser abierto, público y transparente. Una legislación que permita proteger a la infancia de juegos publicitarios y a la vez dar a los jóvenes herramientas para decidir mejor debe regir esta industria.

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